República de Colombia
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Boletín de noticias 6 de marzo de 2012
EL TIEMPO
PROCURADOR DICE QUE CORTE CONSTITUCIONAL LIMITA SUS FACULTADES
Se pronunció sobre la decisión del alto tribunal sobre un caso de aborto.
El procurador Alejandro Ordóñez dijo que reconoce y acata la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional adelantará las gestiones necesarias para asegurar su cumplimiento.
Sin embargo, el jefe del Ministerio Público advirtió que la Corte Constitucional pretende con su decisión limitar las competencias del procurador y desconoce que la Carta Política lo faculta para requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, "sin que pueda oponérseles reserva alguna".
La Corte rechazó que el Juez Segundo Penal del Circuito de Villavicencio y los funcionarios de ese mismo despacho judicial, hubieran permitido al Ministerio Público conociera el expediente de tutela de la decisión cuya nulidad se solicitó, así como que una profesional de la salud del Hospital Departamental de Villavicencio hubiese precisado que ella en ningún momento certificó que la vida o la salud de la mujer involucrada en el caso estuviesen en riesgo.
La Corte, dijo el Procurador, ordenó que los funcionarios y la profesional de la salud fueran investigados por el Consejo Superior de la Judicatura y por el Tribunal Nacional de Ética Médica, respectivamente.
Con igual preocupación, el Procurador advierte que en esta decisión la Corte también envió copias a la Fiscalía con el propósito de intervenir en la investigación penal que actualmente se adelanta contra la mujer actora, quien sin cumplir con ninguna de las causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006 (como lo confirmó el Hospital Departamental de Villavicencio y en su momento lo verificó el Ministerio Público), y sin que se le hubiese concedido la acción de tutela, se practicó un aborto en un establecimiento clandestino.
En ejercicio de sus competencias constitucionales, la Procuraduría intervendrá en los procesos disciplinarios y ético disciplinarios que se adelanten contra los funcionarios judiciales y la profesional de la salud correspondientes, cuyo derecho al debido proceso se ha visto gravemente afectado, en defensa de éste y de todos sus derechos fundamentales, así como del ordenamiento jurídico.
En idéntica forma, el Ministerio Público continuará ejerciendo sus funciones preventiva, de intervención y disciplinaria, en búsqueda del interés general, los intereses colectivos y la garantía de los derechos fundamentales de todos los seres humanos.
MARTHA LUCÍA ZAMORA SERÁ LA FISCAL HASTA NUEVA ELECCIÓN DE LA CORTE
La Corte Suprema le pidió a presidenter Santos que envíe la terna para elegir nuevo Fiscal.
Martha Lucía Zamora, exfiscal delegada ante la Corte Suprema, asumirá el cargo provisionalmente.
El presidente de la Corte Suprema Javier Zapata dijo que por unanimidad fue aceptada la renuncia de la fiscal Viviane Morales y ahora "respetuosamente le pedimos al Presidente que envíe una nueva terna".
El magistrado explicó que la recien posesionada vicefiscal Martha Lucía Zamora tendrá que asumir la jefatura de la Fiscalía.
Zamora, exfiscal delegada ante la Corte de Justicia Martha Lucía Zamora, fue clave en el proceso 8.000 y actualmente era asesora del despacho de Morales.
"Era un renuncia irrevocable y debíamos aceptarla, de inmediato se oficializará al gobierno para que se digne confeccionar y enviar los nombres de las personas candidatas a la Fiscalía", indicó.
Sobre el tiempo para el que será elegido el nuevo Fiscal dijo que debe ser determinado por el Consejo de Estado y sino no lo asume en el fallo en el que anuló la elección de Viviane Morales, tendrá la Corte que examinar el tema.
"Ya hay vicefiscal y la premura que había por alguna interrupción ya está conjurada. Pero la Corte quiere hacer la elección rapidamente porque ya tenemos un aprendizaje histórico de que estos temas deben ser solucionados rapidamente", indicó.
Wilson Martínez, el vicefiscal de Viviane Morales que ahora debía reemplazar a su jefe, también presentó renuncia a su cargo en la tarde de esta lunes. Martínez, quien tiene apenas 33 años, había sido cuestionado por su falta de experiencia en la vida pública.
Martha Lucía Zamora, la asesora estrella
Hasta hace unos meses, Martha Lucìa Zamora era magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema y tuvo bajo su cargo casos tan sensibles como el de César Pérez García entre otros parapolíticos.
A finales del año, estaba postulada para ser magistrada titular, pero una afección de salud de su esposo la obligó a renunciar a sus aspiraciones.
No obstante, hace un mes, Zamora, quien también se desempeñò como procuradora, fue llamada por Viviane Morales para ocupar el cargo de asesora, el mismo que acababa de dejar Wilison Martínez.
De inmediato se le ordenó responder la recusaciòn contra Viviane Morales que presentó la defensa de Camilo Bula, procesado por el escándalo en la Direcciòn Nacional de Estupefacientes.
Bula alegaba que po ser amigo de Carlos Alonso Lucio, la Fiscal debìa declararse impedida. Pero Zamora no encontró mérito legal para ello.
LA JUSTICIA: ¿POLITIZADA O PRIVATIZADA?
Por: Pedro Medellín Torres
Lo que en principio pareciera ser el producto de una politización aquello que está determinando las decisiones judiciales, comienza a mostrar que se trata de una privatización de la justicia.
Es evidente que hay muchos interesados en que las decisiones judiciales no avancen.
La justicia no deja de ser noticia y fuente de desajustes internos. El turno le correspondió al Consejo de Estado, que, al anular la elección de Viviane Morales como Fiscal General de la Nación, ha desatado un verdadero tsunami. La Fiscalía estará en manos de un funcionario sin experiencia y muchos de los procesos cruciales, sometidos a una especie de parálisis institucional.
En principio, hubo consenso en torno a que esta decisión ponía al descubierto una politización de la justicia en el país. No de otra manera podría interpretarse la reacción de los medios nacionales e internacionales al preguntar a quién le convenía la salida de Viviane Morales e, incluso, llegar a hipótesis sobre los favorecidos y perjudicados con la decisión.
Sin embargo, el asunto es más de fondo. Si aceptamos que una justicia se politiza cuando los intereses políticos interfieren y determinan las decisiones judiciales, entonces tenemos que replantear la pregunta: ¿a qué intereses políticos convenía la salida de la Fiscal General?
En un país en el que estos son cada vez más difusos, bien porque los partidos han perdido su perfil ideológico, o bien porque las decisiones de las instancias y los altos funcionarios del Estado se han movido en una mezcla de matices de derecha e izquierda, resulta difícil establecer a qué intereses políticos o a qué proyecto político favorece o perjudica la decisión de anular la elección de la Fiscal General.
Ahora, si no son los intereses políticos, ¿de qué clase son los que están interfiriendo y determinando las decisiones judiciales? Lo que en principio pareciera ser el producto de una politización, en realidad comienza a mostrar que se trata de una privatización de la justicia. Es decir, una situación en la que ya no son los ciudadanos los que tratan de hacer justicia por su propia mano (lo que es muy grave), sino que son los jueces los que están al servicio de unos intereses particulares (lo que es peor). Es el uso de la justicia para cuentas de cobro particulares.
Quizá esa sea la razón que lleva a que los altos funcionarios del gobierno Uribe se sientan perseguidos por la justicia. Eso sí, falta ver cuáles son los intereses que están detrás de la acción de los jueces para castigar y condenar a los responsables de los 'falsos positivos', las falsas desmovilizaciones, las 'chuzadas' telefónicas ilegales, las asignaciones indebidas de subsidios con fondos públicos o los burdos montajes, como el de alias 'Tasmania' contra el magistrado Iván Velásquez.
¿A qué intereses beneficia la salida de la Fiscal General? Aquí el asunto adquiere otra dimensión. Es evidente que hay muchos interesados en que las decisiones judiciales no avancen. Bien porque se afectan intereses económicos y posiciones sociales, o bien porque se quieren preservar (y salvar de la cárcel) unas élites regionales y locales que se han enriquecido y tienen influencia gracias a las acciones de los criminales en sus territorios.
Sea lo que fuere, lo cierto es que, como se deduce de los análisis y las informaciones de prensa, no son pocos los intereses particulares que están moviéndose para que estos procesos no prosperen y que están dispuestos a tumbar a la fiscal Morales o a todo aquel que les vaya a dar continuidad a sus investigaciones.
Por eso resulta tan crucial la decisión del presidente Santos. La terna que someta a consideración de la Corte Suprema no solo debe garantizar la calidad e independencia de quienes aspiren a dirigir la Fiscalía General, sino enviar el mensaje claro y contundente al país y la comunidad internacional de que en Colombia la justicia no está al servicio de los intereses particulares. Por poderosos que ellos puedan ser. Es quizá la más trascendente decisión en esta materia.
EL ESPECTADOR
NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE LA FISCAL NO FUE UNA DECISIÓN POLÍTICA: CONSEJO DE ESTADO
Dijo que la discusión se hizo en Derecho y no se tuvo en cuenta la relación matrimonial de Morales Hoyos.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren aseguró que este martes se van a despejar muchas de las "especulaciones" que existen sobre la decisión de declarar nula la elección de Viviane Morales Hoyos como fiscal General.
Según el magistrado, la decisión que se tomó hace ocho días fue tomada en Derecho, rechazando así los cuestionamientos que se han presentado desde varios sectores de la sociedad sobre el hecho de que en la discusión no se tuvo en cuenta la relación de Morales Hoyos con el excongresista Carlos Alonso Lucio.
"No fue una decisión política. Se discutieron cada uno de los puntos que comprendían la demanda y de esta forma se derrotó la ponencia que se había presentado en la que se avalaba la elección", precisó Gómez Aranguren en entrevista con Caracol Radio.
Igualmente señaló que contrario a lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata sobre la decisión del nuevo periodo del Fiscal General, "no es el Consejo de Estado el competente en estos momentos para ello", precisando que dicho tema no estaba relacionado con la demanda que estudiaron.
Ante esto aseguró que la decisión sobre si el nuevo periodo de la persona que sea escogida como jefe del ente investigador debe ser personal e institucional debe ser tomada por la Corte Suprema de Justicia al momento de la elección.
MACROLINGOTES
Por: Óscar Alarcón
Se creó inicialmente en la reforma constitucional de 1979, pero se cayó tras ser declarada inexequible. Más tarde renació en la Constitución de 1991 y se nombró como primer fiscal a Gustavo de Greiff, quien estuvo del 1º de abril de 1992 al 17 de agosto de 1994. Lo hicieron renunciar, antes de cumplir el período, porque había llegado a la edad de retiro forzoso. Después la Corte Constitucional sostuvo que la edad de retiro forzoso no operaba para los cargos creados por la Constitución de 1991, de tal manera que quedaban excluidos los magistrados de ese mismo tribunal, el Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal, el defensor del pueblo y otros más nacidos en la nueva Carta.
Para reemplazar a De Greiff, quien de acuerdo con esa doctrina debió quedarse, eligieron a Alfonso Valdivieso, quien se posesionó el 18 de agosto de 1994 y ante la duda de si el período era personal o institucional, el Consejo de Estado sostuvo que era lo primero. Pero como lo pusieron a sonar como candidato presidencial, renunció el 8 de mayo de 1997. Al establecerse que el período era personal, se eligió por cuatro años a Alfonso Gómez Méndez, quien estuvo del 3 de julio de 1997 al 3 de julio de 2001. A Luis Camilo Osorio lo escogieron luego y su período, personal, fue del 1º de agosto de 2001 al 31 de julio de 2005. Mario Iguarán, también con un período personal, estuvo del 1º de agosto de 2005 al 31 de julio de 2009. Vino enseguida la interinidad de Guillermo Mendoza Diago (hasta el 12 de enero de 2011) y ahora, con la nulidad de la elección de Viviane Morales, se vuelve a plantear el tema porque una reforma constitucional del 2003 dijo que los períodos para cargos de elección “tienen el carácter de institucionales”. En razón de que esa enmienda hizo parte de una reforma política referida a corporaciones públicas, gobernadores y alcaldes, hay quienes aseguran que no está referida al contralor, procurador, fiscal y a otros cargos, sino a aquellos de elección popular, para evitar los comicios atípicos.
¿Qué quiere decir la norma? Busquemos estudia... antes, ojalá de la Republicana, porque quienes estudian después (los abogados del Externado, Andes, etc.) no tienen idea.
LECCIONES QUE DEJÓ ESTA FISCALÍA
Por: Paloma Valencia Laserna
Todo lo sucedido con el cargo de la Fiscal muestra las falencias de la estructura estatal colombiana y la necesidad de una reforma integral a la rama judicial.
No es aceptable que la justicia y la política estén unidas y este problema no ha sido ajeno a la Fiscalía. Vivian Morales es una beligerante e importante política; sin embargo, el carácter que mostró durante el proceso 8.000 no es deseable para un Fiscal. No es creíble que alguien con compromisos políticos evidentes y una carrera desarrollada en ese campo se transfigure en un investigador neutral.
Todos tenemos prejuicios, pero quienes estamos sumidos en el debate ideológico somos más pasionales al respecto. La política se trata de tener posiciones y defenderlas, pero esta defensa debe estar limitada al discurso; cualquier otra trinchera es terrible y nociva. Sin embargo, en Colombia el fenómeno de “politización” es usual; por política se ejerce desde violencia hasta justicia. Es un drama que el país tiene que evaluar y detener; tenemos que despolitizar o politizar balanceadamente la rama jurisdiccional.
Tampoco es pertinente que la Corte Suprema, el órgano más importante de juzgamiento, esté vinculada al nombramiento de la cabeza del ente investigativo. Entre ambos brazos de la justicia debería existir una distancia infranqueable, lo contrario destruye el derecho de que investigación y juzgamiento sean independientes. Esta mezcla dio lugar al sentimiento de persecución política que hoy reina en Colombia.
Si analizamos lo sucedido tenemos: Hubo enfrentamientos del Ex presidente Uribe con la Corte Suprema. Esta Corte se negó a elegir Fiscal de las ternas de Uribe alegando que ninguno era penalista. Luego, con la terna de Santos, hizo una nueva interpretación sobre las mayorías que exige el reglamento y elegió a Vivian Morales, que tampoco era penalista. Lo más grave del asunto es que –tal como quedó registrado en las actas- esa interpretación era excepcional, es decir que sería usada una sola vez, para elegirla a ella. Fue como inaplicar la ley en un solo caso, y sobre el asunto se pronunció el Consejo de Estado. La llegada de Vivian Morales estuvo marcada por el procesamiento penal de grandes figuras del uribismo y su discurso final fue una arremetida política contra ese mismo grupo. Hoy hay pues, muchos argumentos para quienes sostienen que los enfrentamientos que tuvo el Ex presidente Uribe con la Corte Suprema explican todo esto.
La presión mediática politizada es el otro ingrediente que como sociedad tenemos que advertir. Es sabido que la mayoría de los columnistas son antiuribistas. Aquello en principio inofensivo, mostró su faceta peligrosa en el caso de la Fiscal. La prensa reaccionó contra la Dr. Vivian cuando reanudó su relación con Carlos Alonso Lucio, reconocido por sus vínculos con casi todos los grupos delincuenciales del país: miembro del M19, asesor de los paramilitares, etc. Este matrimonio está muy bien para que la Dra. Vivian ejerza casi cualquier oficio, pero no el de Fiscal, pues los grandes casos de la justicia colombiana están vinculados con esos grupos. Así lo señalaron muchos columnistas. Pero la oposición de la prensa duró poco, pues la Fiscal fue aún más contundente en el juzgamiento del uribismo y entonces a muchos que habían considerado su matrimonio un exabrupto; les pareció que era mejor quedarse con la Fiscal antiuribista aunque estuviera con Lucio. Tal es la politización, que a la gran periodista María Jimena Duzán se la tildó de uribista por su dura crítica sobre la Fiscal.
SE BUSCA FISCAL
Por: Reinaldo Spitaletta
Aparte de que en Colombia la justicia siempre ha cojeado, que además ha estado atravesada por la política (o la politiquería), que desde hace tiempos ha habido “choque de trenes” entre los poderes ejecutivo y judicial, no es extraño lo que acaba de acontecer con la fiscal general de la Nación Viviane Morales.
La declaratoria de nulidad de su elección de parte del Consejo de Estado y su posterior renuncia irrevocable al cargo, pueden sugerir que la crisis del poder judicial es enorme.
Porque, sobre todo, al hablar de justicia en este país hay que referirse, por ejemplo, a la impunidad, a la politización de aquélla, que la han convertido en un coto de caza los que desean que algunas cosas –o muchas- permanezcan en la oscuridad. O porque, en ocasiones, la justicia acierta y pone en la picota a los que han delinquido al amparo de los poderes, como son los relativamente recientes casos de la parapolítica, las chuzadas del DAS y los desafueros en Agro Ingreso Seguro, sólo por citar los de más dimensión.
Se ha dicho (y se ha visto), desde hace rato, que la penetración de la política en las “entrañas” del poder judicial, ha vulnerado el Estado de Derecho. Desde el gobierno pasado (para no ir más atrás) se presenciaron con estupor los modos soterrados y abiertos del poder ejecutivo metiendo sus narices en las decisiones de la justicia. Unas veces para torpedear y en otras para atemorizar a los encargados del ejercicio.
Para recordar no más el enfrentamiento permanente que hubo entre el gobierno de Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia. Y era que había “material” para la injerencia indebida del ejecutivo en las investigaciones y actuaciones de la corte. Pasaba, por ejemplo, que estaba detenido por parapolítica el primo del entonces presidente; era que había escándalos a granel, como en el caso parientes de la excanciller María Consuelo Araújo; era que habían detenido al hermano del entonces ministro del Interior, por conexiones con la mafia. Era, además, que ya se había capturado al exdirector del DAS, Jorge Noguera, acusado de colaborar con grupos paramilitares, y hoy condenado a 24 años de prisión.
El escándalo de la parapolítica dio para que se armaran montajes en contra de magistrados que la investigaban, como fue el caso Tasmania para desprestigiar a Iván Velásquez, o la puesta de micrograbadoras en la Sala Plena de la Corte para vigilar sus reuniones. Se formó una red de espionaje y de chuzadas van, chuzadas vienen, que ni en los más calientes tiempos de la Guerra Fría. Hubo también extrañas visitas de implicados en delitos a la Casa de Nariño.
La renuncia de la fiscal general, que con la nulidad de su elección quedó sin piso jurídico para seguir actuando, muestra, de otro lado, que ella tenía una suerte de incompatibilidad ética, como fue su matrimonio con Carlos Alonso Lucio, exguerrillero y exasesor de las autodefensas. Sin embargo, ¿los demandantes estaban apegados a la ética o a intereses políticos? ¿No es una coincidencia con el juicio al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias? ¿Acaso hace parte de un movimiento en contra de la fiscal a la que ya le endilgaba el uribismo una “persecución política” y una “venganza criminal”?
Sin conocerse todavía la totalidad de la sentencia del Consejo de Estado, no deja de ser inquietante el momento en que la fiscal tuvo que renunciar. Cuando, por ejemplo, avanzan investigaciones sobre las falsas desmovilizaciones y en una coyuntura en la cual algunos “paracos” extraditados están afinando su voz.
La exfiscal, a la que no le tembló nada –o eso dicen- cuando comenzó a acusar a los “intocables”, entre ellos los del cartel de la contratación en Bogotá, debe de estar pensando hoy cómo continuarán los procesos contra tantos encartados que tienen una particularidad: son de sectores sociales comprometidos con el poder. Ese mismo poder que, desde hace años, hace lo que le da la gana para que sigan en Colombia imperando la corrupción, los negocios turbios, el narcotráfico y la impunidad.
EL NUEVO SIGLO
PINCELADAS A LA REFORMA PENSIONAL
Uno de los temas claves de la actual Administración es adelantar una reforma pensional. Este es un tema sensible que desde luego va a afectar a toda la población. En un detenido análisis realizado por el presidente de Fasecolda, Roberto Junguito, se considera que son tres aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de establecer una propuesta.
Primero está el fortalecimiento de los mecanismos de solidaridad con los adultos que no tienen ingresos en su vejez; segundo la puesta en marcha de un esquema de protección para el retiro con mesadas inferiores al salario mínimo para quienes tienen alguna capacidad de ahorro, pero que no pueden jubilarse con las reglas vigentes, y tercero los ajustes de los parámetros al sistema de pensiones, que han sido el foco central de atención en pasadas reformas, pero que requieren revisarse.
Frente a la protección de los adultos mayores se destaca que de los 2.4 millones de colombianos pobres que ya no están en edad de trabajar, sólo 770 mil reciben un subsidio del Estado, y se tiene como meta de mediano plazo, la cobertura de los otros 1.6 millones de ancianos indigentes para que puedan también recibir subsidios.
Indica Junguito que el actual esquema de protección al anciano mayor está destinado a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico que hace parte del Fondo de Solidaridad Pensional dispuesto en la Ley 100 de 1993, y que fue fortalecido en la reforma pensional del 2003 con un porcentaje de los aportes de los afiliados a ambos regímenes pensionales. Este objetivo es deseable siempre y cuando el financiamiento complementario anunciado se realice con aportes del Gobierno Nacional.
Respecto a la protección en la vejez para quienes no alcanzan a hacer los ahorros necesarios para gozar de una pensión de salario mínimo, el Gobierno pondrá en operación el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, introducido en la reforma constitucional de 2005.
Señala el Ejecutivo que este procedimiento adicionará los ahorros de los beneficiarios a un subsidio estatal, de forma tal que sus rendimientos permitirán ofrecerles una alternativa de protección (mesada inferior al mínimo) cuando ya no estén en la vida laboral.
De acuerdo con lo expresado por el Gobierno, este nuevo esquema debe ser flexible para permitir que el grueso de la informalidad representado en trabajadores por cuenta propia, pequeños propietarios, servicio doméstico, entre otros, accedan a un ingreso en su vejez.
AUTONOMÍA JUDICIAL ESTARÍA EN PELIGRO
La falta de presupuesto y la excesiva cantidad de medidas disciplinarias contra los jueces ponen en peligro la independencia judicial en Colombia, señaló Miguel Ángel Caminos, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, tras sostener una reunión con los presidentes de las altas Cortes.
“Acá me parece que hay unas cuestiones que ponen en riesgo la independencia de los jueces. Por ejemplo, hay una excesiva cantidad de acciones disciplinarias contra los jueces, sobre todo por estar vinculadas al ejercicio legítimo de ellos que es dictar sentencias. Cuando uno sanciona a los jueces por no estar de acuerdo con los fallos, lo que está es anulando la independencia de los jueces y por ende, no dándole las suficientes garantías a la sociedad de contar con órganos judiciales independientes”, afirmó.
Caminos añadió que “un poder judicial sin autonomía judicial presupuestal, es un poder judicial que siempre está subordinado a los órganos políticos”.
Otro aspecto que según Caminos preocupa a la Federación Latinoamericana de Magistrados sobre el estado de la justicia en Colombia “es la posible atomización de la justicia, en el sentido de otorgarle funciones judiciales a aquellos que no son jueces o que no están revestidos de esas atribuciones”.
En este sentido es claro que aunque no hizo mención directa, Caminos hace referencia al proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Congreso, pues esta iniciativa prevé entregar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios con el ánimo de avanzar en la descongestión judicial.
Esta propuesta ha sido uno de los motivos expresados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para distanciarse de la discusión de este proyecto, pues consideran que de esta forma la justicia se vuelve un negocio.
INDIVIDUALIDAD DE PERIODO DEL FISCAL LLEVÓ AL DESBARAJUSTE
Aunque explicó que una reforma constitucional del año 2009 estableció que los periodos son institucionales y no personales, el exfiscal Alfonso Gómez se mostró prudente frente a opinar si el periodo de quien reemplace a Viviane Morales como Fiscal General comenzará desde agosto de 2009 o a partir de que sea elegido por la Corte Suprema.
EL NUEVO SIGLO:Usted fue el primer fiscal que terminó su periodo, sus antecesores no finalizaron por diferentes motivos…
ALFONSO GÓMEZ:Sí hubo dos cosas, en el caso del doctor Gustavo de Greiff porque alguien se inventó la idea de que estaba en edad de retiro forzoso, entonces le aplicaron la edad de retiro forzoso y no cumplió sus cuatro años, aun cuando después el Consejo de Estado dijo que a él no se le aplicaba el retiro forzoso porque se trataba de una de las entidades nuevas de la Constitución del 91, pero ya él estaba fuera de la Fiscalía, y el doctor de Greiff tuvo el gesto de gallardía que nunca demandó al Estado por eso.
Luego el doctor Valdivieso que es un episodio muy conocido. Él es elegido por la Corte Suprema para completar el período del doctor de Greiff, 18 meses, una persona demandó ante el Consejo de Estado esa parte de la decisión de la Corte, diciendo que no era por 18 meses sino por cuatro años porque los períodos eran individuales y no institucionales. Entonce hubo una gran división en el Consejo de Estado, en ese momento el doctor Valdivieso adelantaba todas las investigaciones por el 8 Mil, y hubo por cierto quienes decían que los consejeros de Estado que estaban por el periodo institucional era que querían archivar el 8.000, y que los que estaban por el periodo individual era los que querían que continuara el 8.000.
Es bien sabido que el Consejo de Estado cambió en ese momento la jurisprudencia, era que los periodos eran institucionales, y tal vez fue uno de los últimos casos el de Horacio Serpa y el mío, que entre los dos completamos el período de cuatro años de Carlos Mauro Hoyos, pero el Consejo de Estado cambió la jurisprudencia, y al doctor Valdivieso le ampliaron el periodo, periodo que por cierto él no utilizó completamente porque se retiró, creo, un año y medio antes para aspirar a la presidencia.
Después de eso vino todo el desbarajuste con el tema de haber establecido la individualidad de los periodos, y por eso fue que en el año 2009 tuvieron que expedir una reforma constitucional para repetir lo que siempre se ha hecho, que los períodos eran institucionales.
Yo creo que después de mí, todos cumplieron su periodo, en el caso mío, el doctor Luis Camilo (Osorio) también lo cumplió y el doctor Iguarán también.
ENS: ¿Piensa que al nuevo fiscal le correrá el periodo desde 2009, cuando finalizó Iguarán, o desde cuando sea elegido?
AG: No sé, en eso yo no me atrevo a opinar porque como está pendiente la decisión del Consejo de Estado, entre otras cosas porque no conocemos la argumentación, no sabemos si en la parte motiva o aún en la resolutiva, va a haber un pronunciamiento del Consejo de Estado en esa materia. Entonces por lo que he leído en varios medios hablan de un periodo de 17 o 18 meses restante, pero, repito, el Consejo de Estado no sé si lo haga en esta decisión o en otra, entonces hay es que esperar esa decisión del Consejo de Estado.
REVISTA SEMANA
FEDERACIÓN DE MAGISTRADOS MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR REFORMA A LA JUSTICIA
El representante de la Federación, Miguel Ángel Caminos, señaló que no se le puede encargar a personas ajenas a la ley el reparto de la justicia.
El presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Miguel Ángel Caminos, mostró su preocupación por la independencia de la justicia en el país.
Dijo que desde esta organización han estado mirando la reforma a la justicia y la llamada "atomización" que no es otra cosa que se nombren a personas para que ejerzan como jueces con vagos conocimientos de la ley,
"Lo que yo he podido apreciar es el riesgo de la designación de encargar en actividades judiciales que no cuentan con los atributos propios de los jueces la independencia", dijo el magistrado Caminos a la pregunta por la reforma a la justicia que busca crear jueces auxiliares para descongestionar la justicia.
El magistrado llamó la atención sobre la posibilidad de que la justicia sea desigual ante fallos de jueces con toda la capacidad y conocimiento de la ley u otros quienes están ahí para descongestionar procesos fáciles.
Sin dar nombres el magistrado resaltó que también les preocupa que los jueces "sean perseguidos por sus sentencias".
Otra de las preocupaciones es el escaso recurso que le entrega a la justicia. Se necesitan los medios suficientes para poder ejercer con autonomía judicial que "no estén atados a los intereses políticos".
El magistrado Caminos se encuentra en el país por invitación de la Corporación de Jueces de Colombia. La Federación de magistrados es órgano consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA).
EL ANTERIOR GOBIERNO NO QUERÍA ADMITIR QUE EN EL PAÍS HAY MALTRATO Y TORTURA EN CÁRCELES"
Así lo asegura Mark Thomson, secretario general de la APT (Asociación para la prevención de la tortura), quien después de varios intentos fallidos hacia la ratificación del protocolo facultativo a la convención contra la tortura, dice que en el gobierno de Juan Manuel Santos, ha encontrado los primeros guiños.
“Había sido difícil encontrar una buena respuesta del Gobierno frente a la idea de ratificar el OPCAT (Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) sobre todo porque veíamos que al anterior presidente (Álvaro Uribe) le costaba aceptar la posibilidad de que en Colombia sí existiera la tortura”. Las palabras son de Mark Thomson, secretario general de la APT (Asociación para la prevención de la tortura), quien estuvo en Colombia la última semana de febrero.
Durante su visita, lo que se encontró -dice- es sorprendente. Por primera vez sintió que existe disposición para que ratifique este protocolo. "Se ve un buen camino. Es un desafío para el país adoptar medidas que prevengan, pero sobre todo que lleguen al fondo, a las causas de torturas y violación de derechos humanos en el país", señala Thomson, quien en su paso por Colombia se reunió con la oficina de derechos humanos de la Cancillería y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
"Por primera vez (luego de varios intentos fallidos con el Gobierno anterior) vemos que se puede cambiar de diálogo en cuanto a derechos humanos y reconocer que a las personas privadas de la libertad también se les debe respetar", asegura el presidente de la APT.
Y es que al ratificar o adherir al OPCAT, los Estados partes aceptan que órganos expertos independientes a nivel nacional o internacional efectúen visitas a lugares de detención sin previo aviso. Hasta el 31 de enero de este año, 62 Estados del mundo lo habían adoptado o ratificado. 14 en América Latina. Colombia, según Thomson, va por buen camino.
La idea de que en un futuro cercano se ratifique dicho protocolo, es un paso importante. Ana María Díaz, miembro de la Coalición Colombiana Contra la Tortura, dice que acercarse a la ratificación del protocolo "sería una manifestación de voluntad del Gobierno de aceptar un mecanismo de control, que permita dar un paso hacia la superación de la tortura".
El más reciente informe de la Coalición sobre este tema (2009-2010) presentado el año anterior, muestra un panorama preocupante en torno a las principales violaciones y torturas a las que se ven expuestas las personas detenidas.
"El 17 de diciembre del 2010, los detenidos políticos recluidos en el Pabellón tres (3) en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana seguridad de Girón (Santander) denunciaron el grave estado de salud en que se encontraba el detenido José Albeiro Manjarrés Cupitre y la falta de atención eficaz de parte del INPEC para su recuperación. Dicha inasistencia, según la denuncia, lo llevó a la muerte el 8 de enero de 2011", cuenta el informe, que también muestra cómo la tortura y maltrato no se dan solamente en el aspecto físico, sino también en las condiciones de infraestructura.
"El drástico incremento de la población reclusa responde a la aplicación rígida de una política criminal caracterizada por el aumento de penas, las medidas restrictivas de la libertad, el abuso de la figura de la detención preventiva", dice el documento que cita cifras de INPEC.
"Para mayo de 2010, de las 80.490 personas privadas de libertad, 26.291 tenían calidad de sindicadas, 35.888, estaban condenadas en primera instancia y 18.311 habían recibido condena en segunda instancia. Es decir que tan solo el 22,7% de la población reclusa se encontraba condenada en segunda instancia. Si a estas cifras se agrega el hecho de que existen personas con más de cinco años de encarcelamiento sin que se haya resuelto su situación jurídica definitiva, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que existe un marcado abuso de la detención preventiva en el país".
"Desde hace varios años la coalición está impulsando la ratificación con el ánimo de que nos permita implementar un sistema de visitas por parte de entes independientes en los centros carcelarios (...) por eso, que ahora Colombia esté dando muestras de su interés por ratificarlo, es un paso muy grande", señala Díaz.
Para Thomson, la importancia de lograr condiciones óptimas en las cárceles no solo se traduce en el tema de la sobrepoblación. "Ese es un aspecto clave, cierto, tenemos el ejemplo de lo que acaba de pasar en Honduras. Pero también hay que entrar a hablar del tema de si está funcionando o no el sistema de justicia en Colombia", señala el experto, quien considera de respetuosa y responsable la disposición que da el Gobierno hacia una posible ratificación del protocolo contra la tortura.
El informe de la Coalición señala que durante el 2010 y el 2011 "la tortura continúo practicándose en Colombia. Por ejemplo, la Defensoría del pueblo del departamento del Cesar reporta en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar un total de 220 quejas de internos contra funcionarios del Inpec, de las cuales 46 son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Díaz recuerda que no solo la Coalición o la APT han insistido en la ratificación de este protocolo. También lo hizo recientemente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que instó al Gobierno a ratificar dicho protocolo.
¿Cuál es el paso a seguir? El secretario de la APT es claro en decir que aunque no hay nada concreto aún, quedó la puerta abierta para una próxima visita que - según él - podría ser un paso más hacia "ese esperado sí de Colombia".
Al panorama de las cárceles se suma, según la Coalición, "la persistencia de la impunidad en el delito de tortura en los centros carcelarios por la falta de investigaciones penales por este crimen de lesa humanidad. Las personas que se atreven a denunciar son objeto de presiones y retaliaciones, que en el ámbito carcelario, suceden con facilidad, ya que por lo general el victimario permanece a cargo del cuidado y custodia de la víctima. Las pocas denuncias que llegan al sistema penal, son indebidamente tipificadas como simples lesiones personales".
El vicepresidente, Angelino Garzón, ya se había manifestado (en diciembre del 2010) apoyando la ratificación. Ahora , según el presidente de APT, lo hacen otras instancias del Gobierno.